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Legalismo Crónico en Costa Rica

Septiembre 2nd, 2014 · No Comments · Política

El informe presidencial de los primeros 100 días nos dice que Costa Rica necesita progresar “bajo el imperio de la ley”.  Acto seguido cita varios casos de corrupción y mala gestión estatal y se lamenta que en esta materia las leyes promovidas “son un fracaso”, hay una espiral de ineficiencia y corrupción, el aparato estatal da a entender es como un niño malcriado que se rebela y no hace caso.

Especula un poco el presidente como tratando de buscar culpables y habla de la incapacidad de gobernantes pasados, y de responsabilidad compartida de fiscales públicos, departamentos legales, jerarcas, mandos medios del Estado, aparato de administración de justicia, o la conjunción de todos estos factores. Sigue adelante con otro tema, dejando entrever que algún día esta amalgama de elementos negativos se pueda solventar, tal vez con un poco de transparencia.  No es claro la forma en que lo va a hacer, como confiando en el fondo en la buena fe del funcionario público que en el futuro se ajuste de buena voluntad al “deber ser” de la norma.

Tenemos entonces un engorroso andamiaje jurídico e institucional, que genera un Estado ineficiente, y nos preguntamos: ¿No será que este famoso “imperio de la ley” ha servido de excusa reiterada para encubrir y eximir de responsabilidad a las malas prácticas de gestión pública en Costa Rica?

Hay un concepto de SÍNDROME NORMATIVO que explica muy bien este fenómeno, y se aplica muy bien a Costa Rica.  Consiste en la mala praxis de promulgar leyes sobre un tema sabiendo o temiendo que dicha normativa va a resultar ineficaz o muy difícil de cumplir en la práctica, pero basado en la eficacia simbólica de la ley, es decir, en el efecto indirecto que la norma tenga sobre la opinión pública para dejar una buena imagen y satisfacer aparentemente sus aspiraciones.

Para dejarlo más claro, se expiden normas formales, leyes o decretos, y también informales como directrices o planes regulatorios, con conocimiento o no de la circunstancia de la dificultad de aplicación, pero con una finalidad ulterior no jurídica, que es meramente política ante el ciudadano.  Este último queda contento, ya que aparentemente el sistema funciona ante su reclamo, se apaciguan los ánimos, y hay una percepción positiva del gobierno que está trabajando y tomando cartas en el asunto.  Una vez que el ciudadano se da cuenta de que la norma no funciona y el problema persiste, entonces vuelve a exigir al administrador que reaccione, este nuevamente legisla, repitiendo la cadena normativa, no sin antes haber ganado réditos políticos en esta dinámica. Leyes que pueden ir desde la construcción de una carretera, a regular corrupción, seguridad vial, delincuencia, servicios de  salud, violencia doméstica, y otros muchos.  Ver en este sentido el reciente aporte del jurista y filósofo colombiano Andrés Botero sobre este tema.

¿Porque sucede y estamos tan acostumbrados a este síndrome normativo? La razón es sencilla, ante las demandas sociales lo más fácil y barato para el Estado es expedir normas.  Para el político es más fácil planificar y proyectar en papel una carretera que hacerla. Dicha práctica viene desde hace mucho tiempo, por eso vemos a diario declaraciones de funcionarios públicos, “estamos trabajando en eso y tenemos planes”  sabiendo que es difícil de cumplir, pero la percepción de trabajo efectivo es aparentemente positiva.

La norma promulgada del mundo ideal, sirve entonces para dos fines: tenemos una idea clara del problema, hay expectativas reales de solución de un problema. Hay de inmediato un efecto placebo de carácter político, mediante el cual la comunidad se tranquiliza teniendo fe en ese poder normativo del administrador, se gana tiempo y se crea una ilusión de cambio. En segundo lugar cumple una importante función como justificación a futuro, cuando las cosas no salen como se esperaba tiempo después el funcionario va a decir “no es culpa mía”, ahí está escrito y lo apruebo (pero no lo practico), viva el “Imperio de la Ley”, sino se concreta es por cuanto algunos (siempre otros), hacen caso omiso o no colaboran para su cumplimiento.

Nótese el círculo vicioso, tenemos la realidad por un lado, la norma por otro y el imaginario colectivo que propugna la ley.  Para el legislador y político lo más fácil trabajar en este mundo paralelo que modificar comportamientos culturales, que enfrentarse a la realidad social.  Es el contexto ideal que habla el presidente en su discurso, el “deber ser”, lo que claramente debe ajustarse el Estado, pero sin armas concretas para definir acciones, o tal vez sin la voluntad necesaria para acometer tan ardua labor. Incluso arrinconado en el futuro, el gobernante puede salir al paso y generar expectativas de nueva regulación, que aprobada o no, que le sirvieran para excusarse ante la opinión pública.

Tarde o temprano por supuesto, la realidad se revela, y la decepción social aparece, vienen por tanto las justificaciones, no hay recursos, faltan policías, faltan tráficos, faltan fiscales, mala gestión, corrupción, jerarcas, desorden en la ejecución, entre otros, siempre factores genéricos poco definidos, como duendecillos malévolos que conspiran contra el plan.  Pero curiosamente en el papel, en ese mundo ideal, las cosas funcionan a la perfección.

En definitiva es un pésimo esquema mental, que arrastramos desde hace décadas, tal vez heredado de un positivismo formalista alejado de lo sociológico del siglo XIX. Tenemos una idea del soberano dictando órdenes, y que estas casi como mandato divino se cumplen, y el pueblo se alegra que se ya de golpe y porrazo se dio solución a un problema. El derecho se convierte en un fin en sí mismo, en un formalismo jurídico perverso, pero con cierta utilidad demagógica que da dividendos a corto plazo.

Es que el principio de legalidad que abarca los actos estatales, no tiene porque ser una camisa de fuerza de la acción pública, el Estado está en último término para satisfacer necesidades materiales concretas. La prioridad debe ser la consecución de metas y resultados, con un manejo correcto de recursos, no la sujeción a la norma per se.  Sino terminamos con una sobreproducción de instituciones y leyes, obstruccionistas por lo general, que contribuyen a la ingobernabilidad, y que sirven como excusas ante una pobre gestión gubernamental. Es parte de una tendencia legalista distorsionada, hasta tal grado que percibimos que cuando la Asamblea Legislativa no trabaja el país está paralizado.

¿Qué es lo que hace falta? Reformular los procesos, más compromiso social y estatal. Marcos regulatorios modernos, ojalá con estudios de implementación y recursos previos.  Parafraseando a un jurista español hay que darle a la sociedad algo mejor que el derecho mismo. Generar una conciencia de pragmatismo, como sucede en otras culturas, volver a los gobiernos de cemento y varilla. Será mucho pedir una reforma integral del Estado, y salir de mitos y trampas conceptuales en que estamos anquilosados.

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